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Los procesos de movilidad humana no son fenómenos recientes en la historia del Perú. Tampoco lo son las medidas que el Estado adopta para controlar la movilidad internacional hacia y a través de su territorio. Sin embargo, en la actualidad, se evidencian importantes elementos que influyen directamente en la manera en que este país regula estos procesos, resaltando, una variación en su perfil migratorio, debilidades internas del sistema de gestión migratoria nacional y un contexto de inseguridad ciudadana, que han facilitado que el enfoque de seguridad, actualmente, sea preponderante y transversal en la agenda pública y en el diseño e implementación de mecanismos de control migratorio, teniendo importantes consecuencias en términos de la vigencia y del respeto de garantías de protección de las personas extranjeras que se encuentran sometidas a procedimientos de deportación. Para llegar a dicha conclusión, esta tesis toma como base tres premisas fundamentales que son desarrolladas en el marco teórico: la expulsión de personas en situación de movilidad es una expresión de la facultad de los Estados para controlar las migraciones internacionales; esta facultad no es absoluta, siendo que la protección debida al ser humano es uno de los principales límites de la potestad de expulsión de los Estados; y, el enfoque de seguridad, al colocarse en el centro del sistema de control migratorio, afecta la vigencia de derechos y garantías y consolida “Estados de Excepción Migratorios”, entendidos como una desviación de la facultad de los Estado de establecer “Estados de Excepción”, mediante los cuales se instauran campos de (des)regulación donde el sujeto de derechos se convierte en un objeto de sanción y el Estado suspende el cumplimiento de obligaciones internacionales establecidas por el Derecho Internacional. Bajo dichas premisas, se desarrollan dos capítulos analíticos. El primero está dirigido a evidenciar que el control migratorio, y en ese marco los procesos de expulsión, son herramientas al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Ello, de por sí, no debe ser entendido necesariamente como un aspecto negativo. Sin embargo, la prevalencia de la agenda de seguridad ha significado un “relajamiento” en cuanto al apego estricto a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado respecto a las garantías y derechos de las personas sometidas a estos procedimientos, pudiendo estarse consolidando “Estados de Excepción Migratorios” en nuestro país. Ello será demostrado en el segundo capítulo analítico, el cual analiza las normas, procedimientos y prácticas relacionadas a la expulsión de extranjeros en el país. En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación se enmarca dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en convergencia con otras ramas del Derecho Internacional que limitan la potestad de los Estados de controlar la movilidad humana, y utiliza sus enfoques y las líneas de análisis para examinar la adecuación de las normas nacionales que se aplican a los procesos de expulsión y la actuación de las autoridades responsables de la aplicación y ejecución de dichas medidas. Asimismo, resalta su carácter interdisciplinario (relaciona diversas ramas del Derecho Internacional con el Derecho administrativo sancionatorio y la Sociología del Derecho) y la combinación de técnicas como la entrevista y la investigación documental con el análisis de fuentes de información secundarias. Se debe tener presente que existe poca literatura nacional especializada en el análisis de los procedimientos de expulsión y un limitado acceso a fuentes de información oficiales que permitan dicha evaluación. |
