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La obligación de declarar las operaciones vinculadas a valor de mercado por las personas que intervienen en las mismas, sin perjuicio de que la Administración tributaria pudiese comprobar que dicho valor se corresponde con el que habrían acordado partes independientes, se acompañó de la elaboración de la documentación necesaria acreditativa del valor declarado que podía exigir la Administración, con su correspondiente régimen sancionador, de acuerdo con la Ley 36/2006. Como consecuencia del conflicto jurisprudencial planteado contra la documentación y su régimen sancionador, tras los fallos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la Ley 27/2014, ha simplificado dichas obligaciones y reducido las sanciones. |
