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El objeto de este artículo es construir un enfoque de la jurisdicción constitucional como principio legitimador de la democracia sustancial. La legitimación ha sufrido la metamorfosis de la división de poderes concebida por Montesquieu, en su obra Del espíritu de las leyes, en relación a sus ejes concentrados en el nuevo paradigma del Estado constitucional de derechos y justicia. Así, de esta manera se examina que la supremacía y supralegalidad de la norma fundamental de Estado y en particular muestran que la jurisdicción constitucional es una construcción dogmática para vivir en democracia. Este importante papel le ha permitido al Estado ecuatoriano otorgar mayores poderes a los órganos que ejercen la jurisdicción constitucional para proteger y defender los derechos humanos, incluida la defensa de la naturaleza como sujeto de derecho, desde la primera década de este siglo. Se concluye que el propósito actual de la jurisdicción constitucional es hacer efectiva la defensa y protección de las libertades. Y en consecuencia, el disfrute, obviamente en teoría, está garantizado como la realización de los derechos individuales y colectivos en un marco flexible. |
