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La situación del personal temporal de las Administraciones Públicas se ha convertido en los últimos años en un problema claramente estructural. La jurisprudencia comunitaria viene reiterando la insuficiencia tanto regulatoria como de gestión a nivel interno. Y, sin embargo, la reacción legislativa ha sido mínima, ambivalente y, además, sometida a plazo de caducidad. Se analiza, así, el contenido, quizás provisional en algunos aspectos, pero esencial, del Real Decreto-Ley 14/2021, desde una perspectiva crítica, y el incierto futuro inmediato de este tipo de empleado público. |
