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Para atraer inversionistas extranjeros a su territorio, los Estados suelen celebrar tratados internacionales y contratos de inversión en que ofrecen garantías de un debido ejercicio del poder estatal. En caso de incumplirlas, el inversionista tiene la posibilidad de demandar al Estado en un arbitraje internacional y obtener una compensación por los daños que el incumplimiento le hubiera generado. Los límites a la potestad estatal alcanzan, ciertamente, a la potestad tributaria. Así, la jurisprudencia reciente tiende a buscar un equilibrio entre garantías y derechos regulatorios que es saludable sea conocido tanto por inversionistas como por Estados. Con ese fin, el presente artículo explica cómo el arbitraje funciona como medio para solucionar controversias tributarias entre inversionistas y Estados. Luego, expone la aplicación en este de garantías, como las cláusulas de estabilidad tributaria o los estándares de protección sobre expropiación y trato justo y equitativo. |
