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El procedimiento directo es una modalidad procesal dentro del ámbito penal que busca simplificar y acelerar la tramitación de casos menos complejos o de delitos que no requieren un extenso proceso probatorio. El principio de celeridad procesal establece que los procesos judiciales deben ser resueltos en un plazo razonable, evitando dilaciones innecesarias que puedan perjudicar a las partes. En el procedimiento directo, este principio es clave, ya que su objetivo es garantizar que los casos sean procesados y resueltos en un corto plazo. Sin embargo, su rapidez puede afectar derechos fundamentales, como el derecho a una defensa adecuada, debido al corto plazo para preparar pruebas y alegatos. Basado en estos planteamientos, la presente investigación tiene como objetivo general proponer una reforma al artículo 640 del COIP que optimice el equilibrio entre celeridad procesal y protección de derechos fundamentales en el procedimiento directo. Durante la realización de esta investigación se llevaron a cabo entrevistas con expertos que aportaron su perspectiva sobre la eficacia y beneficios del procedimiento, así como una encuesta dirigida a operadores jurídicos para recoger opiniones sobre su implementación. Además, se realizó una validación de los resultados mediante criterio de expertos, lo que permitió evaluar la relevancia legal, el impacto en la justicia y la viabilidad de la reforma propuesta. Adicionalmente, se desarrolló un sistema informático diseñado para la publicación, actualización y monitoreo de la propuesta de reforma. |
