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El presente trabajo consiste en analizar la inconstitucionalidad en la defensa del proceso dentro de un procedimiento directo en los delitos flagrantes, considerando que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, por eso el o los juzgadores deben garantizar un justo derecho a la defensa de las personas, cuando se plantea diferentes escenarios que ameriten algún tipo de correcciones, sin violentar los principios fundamentales establecidos en la constitución, así como lo estipulado en la declaración universal del hombre, los cuales son las bases primordiales para poder desarrollar adecuadamente, los procesos judiciales y establecer responsabilidades por la conducta del procesado, aplicando una tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, dándole seguridad jurídica al momento de la aplicación de la normativa. |
