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En los últimos 6 meses, se ha generado una vasta cantidad de datos clínicos y epidemiológicos que describen el COVID-19 y su propagación en diversas poblaciones. Con el lujo de la riqueza, la baja densidad de población y el aislamiento geográfico, Australia y Nueva Zelanda han evitado hasta ahora las cifras de casos observadas en otros lugares, lo que ha permitido a nuestros organismos de salud pública disponer de un tiempo valioso para aprender y prepararse. La defensa de esta posición privilegiada ha visto el uso de facultades de reserva de salud pública para implementar algunas de las políticas más restrictivas en el mundo. Aquellos que ejercen estas facultades tienen una extraordinaria responsabilidad ante la comunidad. Sostenemos que nuestros organismos de salud pública y nuestros gobiernos deben hacer lo posible por mejorar la transparencia de la comunicación de los riesgos del COVID-19, las justificaciones de las intervenciones restrictivas y los objetivos globales a largo plazo de la política de salud pública. Seis meses después, ya no es aceptable que esta responsabilidad se difiera por motivos de emergencia. Sobre la base de los datos disponibles actualmente, ya es posible identificar al menos algunas políticas que probablemente se asocien a beneficios netos, otras que no son beneficiosas y otras que son injustas o, en conjunto, perjudiciales. Es una falsa dicotomía sugerir que deben aplicarse múltiples intervenciones a la vez o ninguna en absoluto, que las poblaciones deben elegir entre el "laissez faire" y el confinamiento (“lockdown”). Los organismos de salud pública tienen la responsabilidad de considerar cómo alcanzar los objetivos generales de salud pública con las estrategias menos restrictivas o que generen menos cargas y de sopesar cada intervención en función de sus méritos. |
