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Garantizar la integridad de las elecciones constituye un objetivo prioritario de los Estados democráticos. Las elecciones en el mundo digitalizado evidencian un elenco interminable de amenazas cuyo epicentro parte de la datificación y del uso de herramientas y técnicas al servicio de la manipulación de la voluntad política. La exigencia de transparencia, y la definición de sus requisitos, para los proveedores de la publicidad política, así como la prohibición de técnicas de segmentación de este tipo de publicidad especialmente durante la campaña electoral constituyen un deber jurídico inaplazable para el legislador nacional y europeo. De ahí que en este trabajo se analice la propuesta de la Comisión del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la segmentación política, tras la fijación de posición del Parlamento Europeo (febrero 2023), y se reflexione sobre algunas de sus implicaciones y efectos en la normativa electoral española. |
