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La iniciativa ciudadana europea (art. 11.4 TUE) es un mecanismo de participación que surgió con el objetivo de revitalizar la vida democrática de la Unión y facilitar la intervención de la sociedad civil organizada en los asuntos europeos. Sin embargo, tras su primera regulación en 2011, tan sólo siete iniciativas -de un total de 119 presentadas- han resultado atendidas por la Comisión hasta la actualidad, fracasando la mayoría de ellas por falta de apoyo. La Unión se propuso mejorar la operatividad del mecanismo a través del Reglamento 2019/788, introduciendo mejoras en el sistema de recogida de apoyos, la difusión de las iniciativas, habilitando la firma electrónica e introduciendo una leve minoración en el número y la representatividad de los apoyos requeridos. Sin embargo, el carácter sui generis y no vinculante de la ICE no siempre favorece que los colectivos la perciban como un instrumento útil para la demanda de intereses, problemas a los que se suman otros ya conocidos como la particular legitimidad de la Unión y un diseño institucional complejo. Es preciso analizar las principales novedades del Reglamento y comprobar a través de los datos si verdaderamente estamos ante un mecanismo efectivo de gobierno abierto. |
