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La política de silencio y olvido, que fue adoptada en El Salvador tras la Ley de Amnistía de 1993, ha fomentado el desconocimiento en la sociedad salvadoreña (particularmente en los jóvenes menores de veinticinco años) sobre las causas y consecuencias del conflicto armado no internacional que tuvo lugar entre 1980 y 1992, y sobre las graves violaciones de Derechos Humanos que ocurrieron en el mismo. Las parroquias de la Iglesia salvadoreña no son ajenas a esta situación porque, como han puesto de manifiesto los diálogos intergeneracionales promovidos desde la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador en julio de 2018, sus integrantes más jóvenes desconocen completamente el grado de persecución al que sus hermanos de comunidad fueron sometidos durante el conflicto armado por las fuerzas militares y policiales. La controversia que ha existido, al menos hasta 2013, entre diversos sectores de la Iglesia salvadoreña sobre la figura de Óscar Arnulfo Romero es fruto de esta situación, que afecta las dimensiones individual y colectiva del derecho a la verdad, impide la satisfacción de la justicia entendida como memoria, evita que los graves crímenes internacionales cometidos en El Salvador sean tenidos en cuenta a la hora de construir su memoria histórica, ofrece un caldo de cultivo favorable al revisionismo histórico e impide que se puedan adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición. Frente a esta situación, los diálogos intergeneracionales celebrados en 2018 en algunas parroquias de la Arquidiócesis de San Salvador han mostrado su capacidad para exponer y superar el impacto negativo de la política del silencio y el olvido desde las propias comunidades parroquiales afectadas. |
