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De octubre 2008 a abril 2009: Se produjo un enjambre sísmico en Abruzzo, Italia. 30 de marzo: Un sismo de 4,0 indujo al Alcalde de L’Aquila a evacuar edificios públicos; la población estaba nerviosa. 31 de marzo: El gobierno italiano convocó a la Comisión de Riesgos Mayores para reunirse con las autoridades locales; el vocero informó al público: “…no hay razón para pensar que el enjambre sea precursor de un evento mayor…”. 6 de abril: Terremoto M 6,3; 309 muertos, 1.500 heridos, 67.000 personas perdieron sus viviendas; destrucción de edificios en el centro histórico, residencias estudiantiles y un hospital. Paralelamente, un técnico de laboratorio sin calificación científica, mediante la medición de emisiones de Radón en el terreno, publicó un indicador y su correlación con un sismo próximo. Aunque en este caso “acertó”, la prensa olvidó todos sus desaciertos anteriores. Seis expertos y el subjefe de Protección Civil fueron acusados de homicidio culposo, entre otros cargos por: Haber realizado una valoración aproximada y ambigua del riesgo y decir que los datos no permitían concluir que el enjambre fuese premonitor del terremoto. La sentencia es un precedente que podría desembocar en un proceso de inversión infinita de recursos para la predicción de eventos que no pueden predecirse, en lugar de enfocarse en la responsabilidad compartida de la gestión del riesgo: Comités de alto nivel, autoridades, protección civil, prensa, científicos, población, constructores y jueces. |
