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Por décadas, los migrantes irregulares centroamericanos en su paso por México rumbo a Estados Unidos han sufrido abusos y violencia por parte de mafias, pero también por parte de las autoridades que deberían no solo aplicar la ley de fronteras, asunto que no se puede obviar, sino también protegerlos de conformidad con acuerdos internacionales. Solo en fechas recientes la presencia de este colectivo comienza a llamar la atención generalizada de la sociedad mexicana, sobre todo, como consecuencia de la organización de las llamadas “caravanas de migrantes”, iniciadas en 2018. Este artículo analiza la reacción del Estado mexicano a las caravanas y a las presiones estadounidenses para detenerlas, que ha transitado de una política de puertas abiertas con un compromiso mayor en la defensa de los derechos de estos extranjeros en su territorio, al cierre de su frontera sur, incrementar las deportaciones y utilizar a los migrantes como moneda de cambio en sus negociaciones comerciales con la Administración Trump. |
