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En 2010, Bolivia le otorgó derechos colectivos a la naturaleza como Madre Tierra, incluyendo el derecho a la preservación de su integridad y restauración. Con ello, el país se situó a la vanguardia de un creciente movimiento global para transformar los sistemas jurídicos de acuerdo con una nueva visión ecocéntrica. Sin embargo, estas innovaciones tuvieron una trayectoria accidentada y conflictiva. En una disputa sobre el significado y alcance de estos nuevos derechos, el Gobierno de Evo Morales, durante su primer mandato (2006-2009), impuso una interpretación limitada e instrumental del nuevo ideario. Las dos leyes aprobadas, Ley 71 de 2010 y Ley 300 de 2012, se quedaron cortas respecto a la propuesta original de una alianza entre actores indígenas y tuvieron un impacto limitado frente a una serie de paquetes legislativos que promocionaron megaproyectos y la extracción de recursos naturales. Una vez más, las demandas basadas en planteamientos jurídicos dejaron resultados prácticos muy limitados para los pueblos indígenas. Ante la ausencia de instrumentos legales efectivos que protejan sus territorios, muchas organizaciones sociales e indígenas recurren crecientemente a acciones de protesta y resistencia basadas en enfoques ecocéntricos. Las luchas por la vigencia de los derechos de la Madre Tierra remiten a tensiones irresueltas en la construcción de modelos interculturales de desarrollo y aportan valiosas reflexiones sobre el potencial de esta nueva institución para repensar la relación entre Estado, sociedad y naturaleza. |
