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La violencia contra periodistas que se vive en el Estado y en general en toda la República, muestra un preocupante aumento que está dañando severamente el ejercicio pleno del derecho humano a la libertad de expresión. En este sentido, para poner freno a esta crisis, deviene necesaria la implementación de una política integral que comprende, a grandes rasgos, tres obligaciones positivas a cargo del Estado, a saber: prevenir, proteger, investigar y sancionar los actos de violencia contra periodistas y comunicadores. |
