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Por primera vez un gobierno de izquierda accede al poder y sus grandes proyectos están asociados a reducir la desigualdad bajo la fórmula de un sistema tributario más progresivo y un gasto más distributivo, con mayor énfasis social, tal cual lo expresa la Ley para la igualdad y la justicia social, que aprobó la reforma tributaria. Si bien este es un argumento contundente, pues nuestra pobreza llega al 39.3%, el índice de Gini está en 0.523 y el sistema tributario revela su ineficiencia como instrumento redistributivo ya que tan solo se reduce después de impuestos y transferencias en 0.02%, su materialización plantea dos interrogantes: de un lado, el impacto en una economía que atraviesa dificultades tanto por la turbulencia del orden mundial como por la desconfianza de un giro político sin antecedentes en el ámbito local. De otro lado, la capacidad de gestión, tanto para la eficiente ejecución de los recursos adicionales derivados de la reforma, como para que la administración tributaria enfrente el reto de reducir la evasión, frente al cual, si bien dispone de mejores herramientas tecnológicas, aún dista mucho de una institucionalidad tributaria con el soporte técnico y la inteligencia estratégica suficientes para detectar y aconductar a los evasores, como se revela en los índices de evasión que el propio gobierno reconoce, y que no se reducen a pesar de los programas de fiscalización de la DIAN. Primera edición. |
