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Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, hay un principio que no se encuentra tácitamente establecido en la legislación nacional y cuyo desarrollo ha sido eminentemente jurisprudencial, el principio de la confianza legítima. Su esencia es de principio Constitucional pues su desarrollo está estrechamente ligado al principio de la buena fe, al principio de seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de los administrados. Este principio ha sido definido y desarrollado dentro de la jurisprudencia nacional como aquella premisa consistente en que las actuaciones administrativas en general, cuando impliquen un cambio en situaciones jurídicas afianzadas, no pueden producir efectos abruptos y lesivos a los intereses de los administrados, por lo que las mismas deben observar un período de transición razonable, un plazo para que los administrados se preparen y atemperen ante las nuevas regulaciones y sus efectos. Al producirse un caso típico en que la confianza legítima debe ser protegida es preciso verificar la existencia de unos presupuestos de acuerdo a lo que se ha establecido doctrinal y jurisprudencialmente. Quien deba decidir entonces sobre la procedencia de su aplicación; se enfrentará siempre a una tensión entre lo establecido en el ordenamiento y la configuración de la vulneración a la confianza legítima, que le debe demostrar la realidad fáctica del caso. Su evolución ha sido eminentemente jurisprudencial, definido como derivado de la buena fe y al principio de seguridad jurídica; sin lugar a ninguna duda, un principio al que se le ha otorgado trascendental importancia por lo que en la actualidad es un tema relevante de estudio para el mundo del derecho administrativo. Sin embargo, como se trata de un principio novedoso, y de reciente desarrollo dentro de la jurisprudencia nacional es necesario determinar cuál es el alcance material del principio de confianza legítima en el sistema jurídico colombiano desde la entrada en vigencia de la constitución política de 1991. En ese sentido, esta investigación, tiene una gran relevancia en el área del derecho administrativo resaltando este principio que persigue enriquecer esa área del derecho, determinando el alcance material del principio de la confianza legítima, que debe ser orientador de la función pública, presentado una gran contribución a los administrados en general dentro del ámbito nacional y a quienes ejercen tutela administrativa y administran justicia, pues los resultados de esta investigación les permitirán identificar en qué casos pueden invocarlo, o protegerlo gracias a la delimitación de su alcance material. Within the Colombian legal system, there is a principle that is not tacitly established in national legislation and that is development has been exclusively jurisprudential, the principle of legitimate expectations. Its essence comes from a Constitutional principle since its development is closely linked to the principle of good faith, the principle of legal certainty and the protection of the fundamental rights of the citizens. This principle has been defined and developed within the national jurisprudence as the premise that administrative actions in general, when they imply a change in entrenched legal situations, cannot produce abrupt and harmful effects on the interests of the companies, therefore they must observe a reasonable transition period, a term for the companies to prepare and temper themselves before the new regulations and their effects. When a typical case occurs in which legitimate expectations must be protected, it is necessary to verify the existence of budgets according to what has been established in doctrine and jurisprudence. Who should then decide on the origin of your application; will always face a tension between what is established in the legal system and the configuration of the violation of legitimate expectations, which must demonstrate the factual reality of the case. Its evolution has been exclusively jurisprudential, defined as derived from good faith and the principle of legal certainty; without a doubt, a principle that has been given transcendental importance for what is currently a relevant topic of study for the world of administrative law. However, as it is a new principle, and of recent development within the national jurisprudence, it is necessary to determine what is the material scope of the principle of legitimate expectations in the Colombian legal system since the entry into force of the 1991 political constitution. In this sense, this research has great relevance in the area of administrative law, highlighting this principle that seeks to enrich this area of law, determining the material scope of the principle of legitimate expectations, which should guide the public function, presenting a great contribution to the citizens in general within the national sphere and to those who exercise administrative protection and administer justice, since the results of this research will allow them to identify in which cases they can invoke it, or protect it thanks to the delimitation of its material scope. |
