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La discapacidad ha constituido durante siglos un fenómeno que ha propiciado la marginación social, económica, cultural, jurídica y política en los distintos rincones del mundo, en la antigüedad vivir en situación de discapacidad significaba pertenecer a un estado de carencia, necesidad e inutilidad, razón por la cual la exclusión era la principal consecuencia para una persona discapacitada dentro de los distintos escenarios y ámbitos de sociedad. Con el transcurso del tiempo, la discapacidad pasó de ser una cuestión religiosa a un asunto eminentemente médico-científico, campo en el cual, dicha condición adquirió el estatus de patología, y su importancia era producto de las prácticas destinadas a combatirla, a través de tratamientos médicos y avances científicos. No obstante, la actual doctrina reconoce que la discapacidad tal y como hoy se aprecia obedece a un fenómeno meramente social, es decir, que la discapacidad tiene su cimiento en las barreras que el mismo Estado a través de su institucionalidad ha propiciado para que las personas con condiciones particulares en su estado de salud permanezcan al margen del acceso a los servicios públicos que ofrece la institucionalidad Estatal. Colombia no ha sido la excepción respecto del panorama previamente señalado, pues la realidad nacional refleja que las condiciones de vida de la población en situación de discapacidad representan cada vez mayor dificultad, dada la débil institucionalidad nacional para atender las necesidades requeridas por dicha población, tornándose así compleja la materialización del principio y derecho a la igualdad a través del ejercicio de un trato diferenciado contemplado en la Constitución Política. Dentro de las dificultades referidas se encuentra la complejidad frente al ejercicio de la capacidad jurídica de la persona en situación de discapacidad, ello en tanto, la legislación, de conformidad con los modelos de la discapacidad expuestos, ha tratado de establecer mecanismos para su garantía, como evidencia de ello aparecen el régimen de guardas establecido en el Código Civil, y seguidamente, el régimen de capacidad jurídica contemplado en la Ley 1306 de 2009, cuyos propósitos obedecen al ejercicio de la capacidad jurídica a través del ministerio de un tercero, es decir, un régimen sustitutivo absoluto de la capacidad legal. Con el propósito de superar dicha dificultad, la legislación nacional dio un vuelco trascendental que además introdujo un cambio de paradigma, la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019 sepultó por completo la representación de la persona incapaz a través del ministerio de un tercero y con ello el agotamiento del proceso judicial de interdicción, y en su lugar introdujo una presunción relativa a la capacidad de la persona en situación de discapacidad en todos los ámbitos, razón por la cual, actualmente la discapacidad no constituye motivo válido bajo ninguna circunstancia para restringir el ejercicio de la capacidad jurídica. Sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 1996 de 2019, aunque de representa un avance frente al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad, trajo consigo diversas dificultades en cuanto a su implementación respecta, derivadas de la omisión legislativa relativa por parte del Congreso, dados algunos vacíos que presenta la norma frente algunas materias, ello en atención a la complejidad de implementar las medidas tendientes a garantizar el ejercicio de la capacidad legal a través de los mecanismos previstos para ello. Una de los asuntos respecto de los cuales se evidencia una enorme dificultad y por consiguiente un gran vacío normativo, tiene que ver con el cumplimiento de la obligación alimentaria dentro del marco del derecho de alimentos de quienes a la entrada en vigencia de la norma en comento eran beneficiarios de una cuota alimentaria, pues con la presunción plena de capacidad introducida por el artículo 6, el cumplimiento de la obligación alimentaria en favor del discapacitado mayor de edad puede verse seriamente comprometido y frustrado en tanto el deudor puede rehusarse de manera válida a continuar proporcionando alimentos al acreedor. De igual manera, aparece evidente el reducido margen de maniobra que posee el operador jurídico en sede alimentaria bien sea extrajudicial o judicial, para conminar al deudor dentro del marco de la obligación alimentaria a seguir proporcionándole alimentos a la persona discapacitada mayor de edad, situación que refleja un panorama absoluto de desprotección teniendo en cuenta las actuales condiciones de acceso a servicios públicos que afronta la población en situación de discapacidad, más si se trata de mayores de edad. En consonancia con lo expresado, el presente estudio tiene como propósito principal identificar los vacíos normativos contenidos en la Ley 1996 de 2019 en relación con el derecho de alimentos de personas discapacitadas mayores de edad que a la entrada en vigencia de la norma precitada eran beneficiarios de una cuota alimentaria, ello en razón a que la implementación de la precitada norma comporta serias dificultades y los instrumentos allí contenidos no satisfacen en su totalidad las necesidades actuales de la población mayor de edad en situación de discapacidad. Con el objetivo de satisfacer el propósito del presente estudio, se presentará al lector a través de una metodología analítica, descriptiva y propositiva la siguiente estructura, en primera instancia se desarrollará un recorrido histórico-jurídico de la institución de la capacidad jurídica para las personas en situación de discapacidad y los regímenes adoptados por la legislación nacional para su protección, allí el lector podrá conocer los regímenes de capacidad jurídica para las personas discapacitadas adoptados por el Código Civil, la Ley 1306 de 2009 y la actual Ley 1996 de 2019. En segundo orden, se analizará a través de un estudio con enfoque jurídico la naturaleza, efectos e implicaciones del derecho de alimentos dentro del marco jurídico colombiano, para ello se analizarán los tratados internacionales ratificados por el Estado que versan sobre la materia, su incorporación al ordenamiento nacional a través del bloque de constitucionalidad, el derecho de alimentos en la Constitución Política de 1991, en el Código Civil, la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia) y las reglas procesales en materia alimentaria adoptadas por el Código General del Proceso. En tercer orden, y de acuerdo con lo enunciado en los apartados primero y segundo, se procederá a identificar los vacíos normativos contenidos en la Ley 1996 de 2019 en relación con el derecho de alimentos de personas en situación de discapacidad mayores de edad que a la entrada en vigencia de esta norma se encontraban como beneficiarios de cuotas alimentarias, para ello se partirá de escenarios cotidianos hipotéticos que permitirán analizar de manera clara y concisa la omisión legislativa en la referida materia. Finalmente se presentará una serie de conclusiones en donde se presentarán algunas propuestas destinadas a zanjar la dificultad y complejidad derivada de los vacíos normativos hallados en el apartado tercero y de esa manera contribuir a la actual situación que afronta la población mayor de edad en situación de discapacidad en Colombia. Disability has been a phenomenon for centuries that has led to the social, economic, cultural, legal and political marginalization in different corners in the world, in ancient times living in a situation of disability meant belong to a state of lack, need and uselessness, which is why exclusion was the main consequence for a disabled person within the different scenarios and surroundings of society. Over time, disability went from being a religious issue to an eminently medical-scientific matter, a field in which said condition acquired the status of pathology, and its importance was the product of the practices you design to combat it, through medical treatments and scientific advances. However, current doctrine recognizes that disability as it is today appreciated is due to a purely social phenomenon, that is, that the disability has its foundation in the barriers that the State itself through its institutionality has led to people with particular conditions in their state of health they will remain outside the access to public services offered by state institutions. Colombia has not been the exception regarding the panorama previously indicated, because the national reality reflects that the living conditions of the population in disability situation represents more and more difficulty, given the weak national institutional framework to meet the needs required by said population, thus becoming complex the materialization of the principle and right to equality through the exercise of differential treatment contemplated in the Political constitution. Among the difficulties referred to is the complexity of the exercise of the legal capacity of the person in a situation of disability, insofar as,the legislation, in accordance with the models of the disabilities exposed, has tried to establish mechanisms for its guarantee, as evidence of this the guard regime established in the Civil Code appears, and then, the legal capacity regime contemplated in Law 1306 of 2009, purposes are due to the exercise of legal capacity through the Ministry of a third party, that is, an absolute substitution regime of legal capacity. In order to overcome this difficulty, national legislation turned around transcendental that also introduced a paradigm shift, the entry into force of Law 1996 of 2019 completely buried the representation of the person incapable through the ministry of a third party and with it the exhaustion of the process court of interdiction, and instead introduced a presumption regarding the capacity of the person in a situation of disability in all areas, which is why, currently disability is not a valid reason under any circumstances to restrict the exercise of legal capacity. However, the entry into force of Law 1996 of 2019, although it represents an advance regarding the exercise of the legal capacity of people in a situation of disability, brought with it various difficulties in terms of its implementation concerned, derived from the relative legislative omission by Congress, given some gaps that the norm presents regarding some matters, this in attention to the complexity of implementing the measures tending to guarantee the exercise of the legal capacity through the mechanisms provided for it. One of the matters regarding which there is enormous difficulty and for consequently a great regulatory vacuum, has to do with compliance with the maintenance obligation within the framework of the right to maintenance of those who entry into force of the norm in question were beneficiaries of a quota food, because with the full presumption of capacity introduced by article 6, compliance with the food obligation in favor of the disabled person over the age of age can be seriously compromised and frustrated as long as the debtor can validly refuse to continue providing maintenance to the creditor. In the same way, it is evident the reduced margin of maneuver that the legal operator in food headquarters, either extrajudicial or judicial, to threaten the debtor within the framework of the maintenance obligation to continue providing food to the disabled person of legal age, a situation that reflects a absolute panorama of lack of protection taking into account the current conditions of access to public services faced by the population in situations of disability, especially if they are of legal age. In line with what has been said, the present study has as its main purpose identify the regulatory gaps contained in Law 1996 of 2019 in relation to the right to food for disabled people of legal age than to entry into force of the aforementioned norm were beneficiaries of a quota food, due to the fact that the implementation of the aforementioned standard entails serious difficulties and the instruments contained therein do not fully satisfy the current needs of the elderly population in a situation of disability. In order to satisfy the purpose of this study, it will be presented to the reader through an analytical, descriptive and proactive methodology the following structure, in the first instance a historical-legal tour of the institution of legal capacity for people with disabilities and the regimes adopted by the national legislation for their protection, there the The reader will be able to know the regimes of legal capacity for persons disabled adopted by the Civil Code, Law 1306 of 2009 and the current Law 1996 to 2019. Secondly, through a study with a legal approach, the nature, effects and implications of the right to maintenance within the framework Colombian law, for this purpose, the ratified international treaties will be analyzed by the State that deal with the matter, its incorporation into the legal system national through the block of constitutionality, the right to food in the Political Constitution of 1991, in the Civil Code, Law 1098 of 2006 (Law of Childhood and Adolescence) and the procedural rules on food matters adopted by the General Process Code. Thirdly, and in accordance with what is stated in the first and second sections, the regulatory gaps contained in Law 1996 of 2019 will be identified in relation to the right to food of people with disabilities of legal age who, at the entry into force of this regulation, were beneficiaries of food quotas, for this we will start from daily scenarios hypothetical that will allow a clear and concise analysis of the legislative omission in the aforementioned matter. Finally, a series of conclusions will be presented where some proposals intended to settle the difficulty and complexity derived from the regulatory gaps found in the third section and thus contribute to the current situation faced by the population of legal age in a situation of disability in Colombia. Abogado Pregrado |
