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El análisis de los casos por Contratos sin cumplimiento de los requisitos legales es interesante si se tiene en cuenta el gran volumen de personas que han sido procesados sin atender el principio de legalidad. Tal y como se manifiesta en el artículo primero de la Constitución Política, Colombia es una Estado organizada en forma de Estado Social de Derecho, lo que significa que en ella prevalecen las garantías y los derechos fundamentales de sus habitantes. La prevalencia de las libertades individuales como forma de garantizar la dignidad humana y los demás derechos humanos que han sido reconocidos por el bloque de constitucionalidad, se hace evidente únicamente a través del respecto por el derecho al debido proceso, el cual se traduce en ultimas en la primacía del principio de legalidad en cada una de las actuaciones del Estado a través de sus funcionarios públicos. Los principios jurídicos son aplicables a todos los procedimientos administrativos y judiciales dados la necesidad de garantizar la prevalencia de los fines del Estado respecto a las garantías y protección de los derechos fundamentales. Al tratarse de mandatos de optimización propiamente dichos, utilizados para interpretar las normas, sirven a las autoridades jurisdiccionales para definir la solución a un caso concreto. En lo que respecta al principio de legalidad, este se presenta como un límite a la administración de justicia y al ejercicio de la administración pública, con el propósito de que se respeten no solo las formas propias de cada procedimiento, sino también el actuar de los servidores públicos en las funciones que por mandato constitucional y legal se les han asignado. Pese a que se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política y a su estrecha relación con el debido proceso, el principio de legalidad no se ve implementado especialmente en los procesos penales. Aun cuando el artículo 6 de la Ley Penal manifiesta su obligatorio cumplimiento, la realidad es que en el ejercicio jurisdiccional no se hace efectivo, especialmente cuando se ve enfrentado a casos de tipos penales en blanco, donde la interpretación de la ley por parte del investigador y del fallador debe ser extensiva por cuanto implica la remisión a normas de carácter extrapenal. Este es el caso del delito de Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, como tipo penal en blanco que obliga tanto a los fiscales como a los jueces a acudir a otras normas como el código civil y la ley 80 para complementar lo que la ley penal no configura por completo en la estructuración del tipo. La comprensión de asuntos como la teoría general del contrato estatal, desde sus orígenes hasta el concepto mismo de convención, las modalidades en que este puede presentarse en el ordenamiento jurídico, los requisitos que ha establecido la ley para que este sea válido y eficaz, pasando por el estudio desde lo constitucional de la forma como es concebido el principio de legalidad, son de vital importancia para comprender las consecuencias de iniciar un proceso de responsabilidad, bien sea penal, disciplinaria o fiscal, por el delito de Contrato sin Cumplimiento de los requisitos, partiendo de la necesidad de aplicar los postulados del debido proceso en el ejercicio de las funciones que intervienen en cada uno de ellos. El planteamiento del problema gira en torno a la necesidad de aplicar el principio de legalidad estricta a los procesos penales adelantados por violación al delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Para lo cual es necesario realizar la precisión de que se trata de un delito de conducta alternativa que puede presentarse de tres formas: Tramitar, Celebrar o Liquidar, todas ellas atentando contra la función pública y el patrimonio del Estado en algunos casos, tal y como se expondrá más adelante. En efecto, la necesidad de llevar a cabo contratos con que cumplan con el lleno de los requisitos legales, de cara con la realidad en la ilegalidad de los procesos es un tema que requiere determinar las características de la legalidad y su finalidad en el ordenamiento jurídico, con el propósito de que sea más fácil para el fallador el ejercicio de su labor. La inaplicabilidad en los procedimientos de un principio tan importante como el de legalidad, genera consecuencias que desestabilizan la administración de justicia, en el sentido que no solo viola los derechos fundamentales de los procesados, sino además porque desestabiliza la seguridad jurídica y la confianza en el ordenamiento jurídico, máxime si se tiene en cuenta todos los procesos que se adelantan tienen por objeto proteger las garantías de quienes en el actúan, bien sean particulares o sujetos de derecho público como el Estado. Así una indebida aplicación de este principio o la simple ignorancia del mismo generarían como consecuencia una afectación en el funcionamiento de la estructura del Estado porque podría concluir hasta en indemnizaciones por indebido funcionamiento de la administración de justicia, ocasionando así un daño en el patrimonio público, todo lo cual se harán especificaciones venideras. The analysis of cases by Contracts without compliance with the legal requirements is interesting considering the large volume of people who have been processed without attending to the principle of legality. As manifested in the first article of the Political Constitution, Colombia is an organized State in the form of a Social State of Law, which means that the guarantees and fundamental rights of its inhabitants prevail. The prevalence of individual liberties as a way of guaranteeing human dignity and other human rights that have been recognized by the constitutional bloc, is evident only through respect for the right to due process, which is ultimately translated into the primacy of the principle of legality in each of the actions of the State through its public officials. The legal principles are applicable to all administrative and judicial procedures given the need to guarantee the prevalence of the purposes of the State with respect to the guarantees and protection of fundamental rights. As they are optimization mandates themselves, used to interpret the rules, they serve as jurisdictional authorities to define the solution to a specific case. With regard to the principle of legality, this is presented as a limit to the administration of justice and the exercise of public administration, with the purpose of respecting not only the specific forms of each procedure, but also the actions of public servants in the functions that by constitutional and legal mandate have been assigned to them. Despite being established in Article 29 of the Political Constitution and its close relationship with due process, the principle of legality is not especially implemented in criminal proceedings. Even when article 6 of the Criminal Law states its mandatory compliance, the reality is that in the jurisdictional exercise it is not effective, especially when faced with cases of blank criminal types, where the interpretation of the law by the investigator and of the adjudicator must be extensive inasmuch as it implies the reference to extra-penal norms. This is the case of the crime of Contract without compliance with legal requirements, as a blank criminal type that obliges both prosecutors and judges to resort to other regulations such as the civil code and law 80 to complement what the criminal law not fully configured in type structuring. Understanding issues such as the general theory of the state contract, from its origins to the very concept of a convention, the modalities in which it can be presented in the legal system, the requirements established by law for it to be valid and effective, passing Due to the constitutional study of the way in which the principle of legality is conceived, they are of vital importance to understand the consequences of initiating a process of liability, be it criminal, disciplinary or fiscal, for the crime of Contract without Compliance with the requirements. , starting from the need to apply the postulates of due process in the exercise of the functions that intervene in each one of them. The approach to the problem revolves around the need to apply the principle of strict legality to criminal proceedings carried out for violation of the crime of contracts without compliance with legal requirements. For which it is necessary to make the precision that it is a crime of alternative conduct that can be presented in three ways: Process, Celebrate or Liquidate, all of them violating the public function and the State's heritage in some cases, such as will be discussed later. Indeed, the need to carry out contracts that comply with the full legal requirements, facing the reality of the illegality of the processes, is an issue that requires determining the characteristics of legality and its purpose in the legal system. , in order to make it easier for the faltador to carry out his work. The inapplicability in the procedures of a principle as important as that of legality, generates consequences that destabilize the administration of justice, in the sense that it not only violates the fundamental rights of the accused, but also because it destabilizes legal security and confidence in the legal system, especially if you take into account all the processes that are carried out are intended to protect the guarantees of those who act, whether individuals or subjects of public law such as the State. Thus, an undue application of this principle or simple ignorance of it would generate as a consequence an affectation in the operation of the State structure because it could end up in compensation for improper operation of the administration. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado |
