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Al finalizar la década de los 90 ́s, se evidencia la crisis humanitaria por la que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario de Colombia; mediante la sentencia T – 153 de 1998, la Corte Constitucional, hizo su primer pronunciamiento al respecto, diciendo que el amplio porcentaje de hacinamiento en que se encontraban las instituciones penitenciarias y carcelarias del país, representaba una masiva vulneración a los derechos fundamentales de los reclusos, entre ellos, los derechos a los mínimos vitales, la dignidad humana y la integridad personal. En esta ocasión, la alta corporación decidió declarar Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante ECI) para este sistema, motivo por el cual exhortó al Gobierno Nacional a tomar una serie de medidas, que, según ésta, solucionarán las causas de la crisis. En los años siguientes, desde el 2000 hasta el 2010, se implementaron políticas públicas en atención a los lineamientos establecidos por la Corte, quien se pudo haber extralimitado, en sus funciones, en razón a las características de las medidas expuestas a lo largo de su providencia. El presente artículo tiene como fin determinar si hubo extralimitación en las funciones de la Corte, debido a su intervención en el proceso de estructuración de políticas públicas, por vía jurisprudencial. At the end of the 90's, the humanitarian crisis that the Colombian penitentiary and prison system is going through is evident; through ruling T - 153 of 1998, the constitutional court made its first pronouncement on the matter, indicating that, due to the large percentage of overcrowding in the country's penitentiary and prison institutions, there was a massive violation of fundamental rights of inmates, among them, the rights to minimum vitals, human dignity and personal integrity. On this occasion, the high corporation decided to declare the Unconstitutional State of things (here in after ECI) for this system, which is why it urged the national government to take a series of measures, which according to it will solve the causes of the crisis. In the following years, from 2000 to 2010, public policies were implemented that did not completely solve the crisis, giving rise to a new ECI declaration in 2013. The purpose of this article is to determine the influence of the constitutional court based on the ECI declaration made in 1998, in the public policies Abogado Pregrado |
