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Tesis (Ingeniería Comercial) A inicios de los 90', el gobierno de Chile enfrentaba uno de los desafíos más complejos en materia de infraestructura. Se necesitaba con urgencia superar el déficit en dicho sector, que se debía tanto a un aumento en la demanda por este tipo de servicios como a la insuficiente inversión en el sector. Por otra parte, la experiencia de países desarrollados indica que la inversión en infraestructura es del orden de un 3 a 5 % del PIB, lo que para Chile corresponde a no menos de US$ 1.800 millones anuales, cifra mucho mayor a la invertida en 1994. En aquel tiempo el Estado no contaba con los recursos para lograrlo, por lo que durante la administración del Presidente Patricio Aylwin se hicieron los primeros esfuerzos para que el sector privado participara en los procesos de inversión, mantención y explotación de grandes obras de infraestructura, especialmente viales. El Estado de Chile, se ha embarcado en un ambicioso programa de construcción de carreteras. Básicamente el sector privado se encargará de construir, financiar y operar los principales caminos viales del país. Debido a esto surge el problema de cómo se deben licitar las carreteras, ya que, el notorio déficit vial existente requiere avanzar rápidamente en la construcción de las mismas. Esto explica por que no se ha discutido en profundidad la institucionalidad que debe regir a las concesiones viales. Tanto el Gobierno de Chile como orgamzac10nes privadas, la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Ingenieros de Chile destacaron el déficit de infraestructura en el país, generado por dos razones: primero, la población ha crecido en un 40% entre 1970-1989 y la producción en un 60%; segundo, la inversión total del ministerio de Obras Públicas disminuyó en el mismo período en un 34%. Ante este problema, el gobierno ha decido concesionar al sector privado las rutas de alto tráfico que son privadamente rentables, dejando que el Estado concentre su gasto en aquellos caminos que tienen una alta rentabilidad social pero escasa rentabilidad privada. Bajo esta modalidad, son las empresas privadas las que financian, construyen, mantienen y operan las carreteras. A cambio recibirán los ingresos por peajes por un tiempo limitado, aproximadamente 20 años, lo suficiente como para que el concesionario recupere su inversión inicial cobrando peajes razonables. |
