Análisis de la incidencia de la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 2080 del 25 de enero de 2021) en la regulación y práctica de la prueba pericial dentro del proceso contencioso-administrativo

Autor: Franco Valencia, Valentina, Duque Martínez, Sofía
Přispěvatelé: Posada Botero, José David
Jazyk: Spanish; Castilian
Rok vydání: 2022
Předmět:
Popis: El dictamen pericial en la jurisdicción contencioso-administrativa es un medio de prueba que, a través del tiempo, ha sufrido diferentes cambios en su regulación, siendo el más reciente y significativo la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), adoptada por la Ley 2080 de 2021. Con ocasión de dicha reforma, se introdujeron múltiples modificaciones en la dinámica del proceso contencioso administrativo, no obstante, aquellas que generaron mayor impacto en el plano jurisdiccional son las que versan sobre la regulación la prueba pericial, pues, con la nueva legislación, el dictamen pasó de ser un tema principalmente regulado por el Código de Procedimiento Civil (CPC), luego Código General del Proceso (CGP), a contar con una regulación especial e independiente por parte del CPACA, en determinados aspectos. Conforme a lo anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación radica en analizar qué cambios sufrió la regulación de la prueba pericial a la luz de la reforma al CPACA adoptada por la Ley 2080 de 2021, y determinar las ventajas y desventajas que representó la nueva legislación para la implementación de dicha prueba, lo anterior a partir de la realización de un ejercicio comparativo entre a legislación que regulaba el dictamen pericial antes y después de la reforma del CPACA Como resultado del trabajo de investigación, se concluye que en las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021 respecto al dictamen pericial: (i) se diferenció el trámite que se le debe dar al dictamen según su modalidad (solicitado, aportado o de oficio); (ii) se invirtió la regla de remisión al CGP, en el sentido de que ahora la prueba pericial sería regulada primero por lo dispuesto por el CPACA y, en lo no regulado, por el CGP; (iii) se puede prescindir de la contradicción del dictamen en audiencia en caso de que sea una experticia rendida por una entidad pública.
The expert’s report in the contentious-administrative jurisdiction is a means of proof that, over the time, has had different changes on its regulation, being the most recent and significant the reformation of the Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), adopted by Law 2080 of 2021. Based on this reform, multiple modifications were introduced in the dynamics of the contentious-administrative process, however, those that caused the greatest impact in jurisdictional matters are those that deal with the regulation of expert’s report, because, with the new legislation, the expert’s report went from being a subject mainly regulated by the Código de Procedimiento Civil (CPC), by then the Código General del Proceso (CGP), to have a special and independent regulation by the CPACA, in certain aspects. Accordingly, the objective of this investigation is to analyze what changes the regulation of expert’s report has suffered taking into account the reform to the CPACA adopted by Law 2080 of 2021, and to determine the advantages and disadvantages that the new law represents for the implementation of this evidence, the anterior starting from the execution of a comparative exercise between the legislation that regulated the expert’s opinion before and after the reform of the CPACA. As a result of the research work, it was concluded that with the modifications introduced by Law 2080 of 2021 regarding the expert’s opinion: (i) the procedure that should be given to the opinion was differentiated according to its type (requested, contributed or ex officio ); (ii) the rule of referral to the CGP was inverted, in the sense that now the expert’s evidence would be regulated first by the provisions of the CPACA and, in matters not regulated, by the CGP; (iii) the contradiction of the opinion at the hearing can be disregarded with if it is an expert’s opinion is delivered by a public entity.
Databáze: OpenAIRE
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