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La Política de Defensa Jurídica representa un tema de gran importancia para las entidades públicas de orden nacional y territorial. Pues está encaminada a disminuir la actividad litigiosa de las entidades desde sus fases de: prevención, representación, de soluciones de conflictos por medios alternativos y el pago de sentencias. Ahora bien, se ha desarrollado un marco normativo y políticas públicas entorno al tema de mejorar la defensa jurídica de las entidades, pero, no se evidencia una disminución progresiva de la actividad litigiosa. Lo que hace cuestionarse de la correcta implementación de la política en las entidades y la necesidad de indagar por los factores que están afectando el resultado. |
