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La situación agraria en Guatemala ha sido subrayada por los Acuerdos de Paz, la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, así como por organizaciones empresariales, agroindustriales, indígenas y campesinas, centros de investigación y la cooperación internacional. El denominador común que los vincula es la preocupación por encontrar rutas suficientemente eficaces para mejorar las condiciones de vida de miles de familias que viven de la economía agraria. Así, uno de los principales desafíos del Estado como garante del bien común, es la búsqueda de una visión compartida sobre cuál es la mejor política agraria requerida para el país. Este trabajo ofrece información y análisis sobre la capacidad del sector empresarial para influir en el diseño y ejecución de la política agraria formulada a finales de la década de 1990 y que aún prevalece. |
