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Para defensores y detractores del actual sistema de salud, la participación de la empresa privada es el signo distintivo de la manera como el Estado organizó la prestación del servicio público de salud. Ello no debería sorprender al jurista administrativista, pues la prestación del servicio público de salud es fiel reflejo de los avatares del servicio público en el derecho colombiano, los cuales hemos expuesto, en términos generales, en ocasiones anteriores. En efecto, la primera versión colombiana del Estado social de derecho, que implicó la idea de Estado prestador u operador, fue reemplazada por una segunda versión, la del Estado garante, principalmente director, regulador y supervisor, donde la prestación de los servicios públicos, entendidos como actividad económica liberalizada y en ocasiones privatizada, tiende a ejercerse de forma residual o subsidiaria por entes públicos o, en todo caso, en condiciones de competencia entre prestadores privados, públicos y/o mixtos. Se abandona, pues, la separación estricta entre Estado y mercado y se entrelazan interés particular e interés general. |
