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Existe la necesidad de legislar y mejorar las normas jurídicas sobre protección y defensa del consumidor y/o usuario a la vez de impulsar, una cultura de paz y de consumo con la particularidad de protegerlo, máxime cuando puede resultar afectado en sus legítimos intereses, en medio de la asimetría informativa o de desequilibrio, frente a la ventajosa situación del proveedor, el cual es llamado a evitar conductas infractoras, por lo que se debe poner especial atención a la relación y situación presentada en torno al consumo. Resulta justificable frenar la violencia creciente y desde luego acudir en auxilio del más débil, como en todo orden de cosas, y en perspectiva jurídica no se puede permitir la violencia ni el ejercicio abusivo por acción u omisión del derecho, para ninguna persona y en este caso en particular, tampoco permitir semejante actuación del proveedor en el mercado. Luego, se parte del presupuesto de vulnerabilidad del consumidor y amparar la soberanía de éste, debiendo tener presente que en la economía social de mercado, reconocida constitucionalmente en Perú y en concordancia con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se debe interpretar la protección en el sentido más favorable al consumidor. A su turno, le corresponde al Estado cumplir el rol tuitivo en favor de los consumidores; es decir, no se trata de velar únicamente por el crecimiento económico, sino de allanar el camino a la justicia social también es estos aspectos; de allí la necesidad de contar con ajustes legislativos e instrumentos, como el libro de reclamaciones que faciliten superar las controversias de manera directa y célere |
