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La interpelación es una práctica política, legítimamente democrática dentro de un Estado de Derecho, social y legítimamente reconocido. Por ende, como país reconocemos ese derecho, aunque políticamente hablando creemos que dichas interpelaciones deberían suceder en el marco de la resolución de conflictos en bienestar de la población y no meramente por intereses de los parlamentarios o de un bloque político. Esta práctica debe determinar de manera clara la gestión democrática y causal en la cual se desarrolla la gestión administrativa de la función pública para la cual se ha asignado al funcionario público, en vías del bien común de la sociedad guatemalteca. |
