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Este trabajo explora las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico español en lo tocante al reconocimiento del derecho a decidir. A partir de una crítica al estudio de J. Mª Vilajosana -«Democracia y Derecho a Decidir», publicado en esta revista- en el que se defiende la adecuación de ese derecho a los principios de la Constitución de 1978, se intenta mostrar, primero, que la reforma constitucional no es, en ningún caso, una vía apta para lograr la introducción del derecho a decidir; segundo, que el recurso al constitucionalismo como teoría capaz de integrar el derecho a decidir en el ordenamiento español -igual que acontece con cualquier otra vía jurídica- está destinado al fracaso, pues precisa de la voluntad política de los partidos mayoritarios que, según ellos mismos declaran, jamás existirá. |
