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El Convenio de Aarhus de 1998, sobre acceso a la informacion, participacion del publico en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, fue incorporado al ordenamiento juridico espanol mediante la Ley 27/2006, de 18 de julio, cuyos arts. 22 y 23 regulan la accion popular en asuntos medioambientales. Durante la ultima decada, este instrumento procesal ha sido empleado frecuentemente para llevar ante los tribunales multiples actos administrativos con incidencia en el medio ambiente: sanciones, concesiones, planes y reglamentos, permisos de investigacion e incluso un indulto. De este modo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha podido concretar las principales caracteristicas de esta accion, cuyo analisis —legal, doctrinal y jurisprudencial— es el objeto del presente trabajo. |
