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Las empresas que realizan operaciones simuladas se han convertido en un grave problema que enfrenta la administración tributaria en México. A este tipo de empresas se les conoce como empresas “fantasma” o factureras. La mayoría de las veces estas empresas no tienen empleados, ni domicilio, pero cuentan con los papeles en regla ante las instancias correspondientes, como registro en Hacienda, ante la Secretaría de Economía, con actas constitutivas, etc., y lo más importante: tienen los sellos para emitir facturas por dar servicios o producir bienes que son incapaces de proveer. Son empresas que no existen físicamente y que por lo general se utilizan para cometer presuntos delitos como la evasión de impuestos, lavado de dinero o el desvío de recursos públicos. Las empresas “fantasma” por sí mismas no evaden impuestos, ni lavan dinero, ni desaparecen recursos públicos, sino que requieren de toda una estructura de funcionarios corruptos que diseñen el esquema para simular contrataciones para desviar el dinero, así como de múltiples operadores, como asesores financieros, abogados, notarios, despachos de contadores y prestanombres que lo ejecuten al más puro estilo del crimen organizado, además del contubernio de unas autoridades que permitan y favorezcan la impunidad y la protección de esta red de corrupción. En la administración pública de México se han utilizado para disfrazar el desvío de recursos, que deberían servir para el beneficio de los mexicanos, en favor de un particular. En siete años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado casi 11,000 empresas fantasma. La última actualización de la lista, al 16 de diciembre del 2021, expone que se identificaron un total de 10,990 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) por más de dos billones de pesos. El problema es tan grave que el sector público adquirió entre el 50 y 70% del total de las facturas falsas detectadas en años recientes. |
