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La declaración de pandemia por Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocasionó que en diversos países se tomaran decisiones radicales para afrontar las consecuencias que se avecinaban, uno de esos países fue Ecuador con su decreto de estado de excepción. Dicha figura jurídica dota al presidente de la república de facultades extraordinarias, pudiendo incluso, según lo establecido en la Constitución, limitar o restringir determinados derechos. La declaratoria de estado de excepción puede llegar a convertirse en un medio para que un mandatario cometa arbitrariedades o abusos, y para evitarlo, la Corte Constitucional debe realizar un control de constitucionalidad preciso que analice minuciosamente, si se cumplen los requisitos formales y materiales, establecidos en la Constitución y en la Ley de garantías constitucionales y control constitucional. En un Estado democrático como el nuestro, el control de constitucionalidad es de vital importancia porque con ello se hace prevalecer el principio de supremacía constitucional y se ejerce un control de acción sobre el poder ejecutivo frente a las garantías de los ciudadanos. Es relevante realizar un análisis sobre los pronunciamientos que tuvo la Corte Constitucional sobre aquellos decretos de estado de excepción y si aquellos contribuyeron a garantizar y proteger el correcto ejercicio de los derechos de los ciudadanos. |
