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En los últimos años, la estructura económica que se impone día tras día en la UE se ha visto impulsada por plataformas digitales y herramientas electrónicas que dependen de trabajadores independientes y precarios, en especial después de la crisis financiera. Tales circunstancias obstaculizan los derechos de protección social de los trabajadores y, en el contexto de la pandemia COVID-19, estos se encuentran más expuestos. Esta desprotección es aún más evidente en lo que respecta a los trabajadores autónomos, ya que los trabajadores independientes, debido a sus condiciones laborales precarias, están menos cubiertos por la asistencia social que los contratados. En Portugal, el Gobierno nacional aprobó una ayuda de emergencia para hacer frente a esta situación. El presente artículo trata de determinar si esa prestación, aunque posiblemente sea legal a la luz de la legislación de la Unión Europea, podría ser insuficiente para luchar contra la exclusión social. Por último, reflexiona sobre cómo podría la UE estar a la altura de su función de complementar la acción nacional en materia social. |
