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La minería ilegal constituye un importante problema en naciones como Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, con graves afectaciones al medio ambiente y que tiene repercusiones en materias sensibles como la trata de personas o la financiación de grupos criminales organizados. La legislación penal de estos estados descansa su aplicación en la sanción de los actos mineros desarrollados sin la autorización administrativa en el marco de leyes que no siempre son claras y se extiende a supuestos como la aportación de financiación o medios peligrosos a los mineros. Sin embargo, las leyes penales de los estados no son siempre uniformes. Además, se dificulta la cooperación judicial internacional y existen limitaciones para la actuación de los ministerios públicos y las autoridades policiales de las distintas naciones afectadas. |
