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La presente investigación muestra cómo, en los conflictos socioambientales que han acontecido en el Perú en la última década – los casos de Bagua, Conga, Tía María y Espinar-, se han esparcido una serie de expresiones discriminatorias alrededor de las poblaciones afectadas por determinados proyectos de inversión. Así, se corrobora una clara intención, de parte de una serie de medios de comunicación y funcionarios públicos, de buscar catalogar a estas poblaciones como “terroristas”, “salvajes” o “ignorantes” con el único objetivo de deslegitimar sus reclamos frente al resto de la sociedad. Esta situación crea un escenario polarizado entre las comunidades afectadas y el resto de la población, buscando justificar todo tipo de atropello contra los derechos de las poblaciones locales y exhortando al enfrentamiento contra estas por ser consideradas como una amenaza para el desarrollo del país. Al respecto de lo anterior, sostenemos que este tipo de manifestaciones son discursos de odio, es decir, comentarios, opiniones o cualquier tipo de manifestación que están en contra de un determinado colectivo para humillar, atacar o justificar la exclusión de sus miembros. En ese sentido, proponemos la necesidad de establecer una política de regulación de la libertad de expresión contra este tipo de discursos ya que consideramos que estos discursos no se encuentran dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión, sino bajo el ámbito de regulación, de tal manera que se concreten las condiciones apropiadas para un diálogo entre el Estado y las comunidades afectadas que sea fructífero y, donde se pueda prevenir el estallido de la violencia en los conflictos socioambientales o, si es que esta ya se hubiera desatado, poder llegar a soluciones pacíficas. |