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El art.31 de la Constitución española de 1978 establece el denominado “deber tributario”, que es tutelado penalmente a través del delito contra la Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro Código Penal. La obra analiza la regularización, abordando la misma desde un punto de vista eminentemente empírico, asociado a la actividad profesional de su autor. Se parte del derecho positivo, sin que el trabajo cuestione la propia existencia de la regularización, muy debatida entre nuestra doctrina, aunque sí trate de indagar sobre las razones que pueden justificar que se encuentre regulada en nuestro derecho positivo.La monografía trata de abordar, desde esta óptica, las siguientes cuestiones (i) cuales han sido los antecedentes que nos han llevado hasta la regulación actual (ii) qué requisitos posibilitan su aplicación (iii) qué razones pueden justificar su existencia (iv) cuál es su naturaleza jurídica y, en suma, (v) qué efectos sustantivos y procesales derivan de su aplicación. Se trata así de abordar detenidamente la forma en la que puede llevarse a cabo la regularización para alcanzar los generosos efectos “premiales” que establece nuestro ordenamiento jurídico para quien lleva a cabo la misma.El trabajo no se limita, empero, a estudiar la regularización, sino que, a partir de la misma, realiza un análisis de la propia regulación del delito contra la Hacienda Pública, para efectuar, desde la óptica puramente personal del autor, distintas propuestas de modificación normativa, que, partiendo de la necesaria tipificación del delito contra la Hacienda Pública, tratarían de aclarar las sombras que presenta su regulación en nuestro ordenamiento jurídico, pues el mismo debe servir de verdadera cláusula de cierre que ampare la necesaria observancia del deber tributario que se impone a todos los ciudadanos por nuestra Constitución.Fernando Bertrán Girón es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, obteniendo tras su finalización el primer premio nacional de fin de carrera de educación universitaria (cursos 1993-1998). Ingresa en el Cuerpo de Abogados del Estado en el año 2001, encontrándose en servicio activo desde su ingreso hasta la fecha, desarrollando su trayectoria profesional en las Abogacías del Estado de Almería y Granada. Obtiene el grado de Doctor en Derecho, con la calificación “cum laude”, en el año 2019 por la Universidad de Almería. |
