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Introducción. La Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas cuestiona las políticas sociales y las prácticas de apoyo que se han organizado tradicionalmente para las personas con discapacidad. Su ratificación por parte de España en 2008 obliga al cumplimiento de esta normativa. Sin embargo, no se ha producido una transformación significativa de los servicios sociales dirigidos a las personas con discapacidad intelectual acorde con el nuevo paradigma de derechos. Conocer en qué medida los servicios sociales responden al modelo de derechos de la Convención es vital para orientar la transformación de las políticas, las organizaciones y las prácticas de apoyo. La opinión de las personas implicadas (personas con discapacidad intelectual, sus familias, y profesionales) es imprescindible para obtener datos acerca de la situación actual y poder plantear orientaciones de mejora. Esta investigación tiene por objeto explorar en qué medida las políticas y prácticas actuales vinculadas con los servicios sociales para personas con discapacidad intelectual se alinean con los planteamientos de la Convención, partiendo de las opiniones de personas con discapacidad, sus familias y profesionales. Metodología. El enfoque metodológico es mixto. Por una parte, se aplicó un cuestionario diseñado “ad-hoc” a 123 profesionales; por otra, se desarrollaron 5 grupos de discusión con personas con discapacidad intelectual (32 participantes) y 3 grupos de discusión con familiares (32 participantes). Los datos cuantitativos se analizaron mediante técnicas de estadística descriptiva y se realizó un análisis de contenido temático con los resultados cualitativos, organizando los resultados en tres temas: diseño de políticas sociales, orientación ofrecida a personas con discapacidad y familias, y participación de las personas con discapacidad y sus familias. Resultados. Los participantes concuerdan en valorar el dominio del modelo institucional, así como en las dificultades para la personalización y la promoción de la autonomía desde las prácticas y las políticas actuales, que se basan en un diseño extremadamente rígido de servicios y prestaciones. Se subraya la falta de información clara y accesible para familias y personas con discapacidad. Se indica la necesidad de potenciar un modelo flexible, acorde con la Convención, que potencie la participación de las personas y un mayor control de los apoyos por parte de éstas. Discusión. Se contrastan los resultados con investigaciones previas que han abordado algunas cuestiones relacionadas con los servicios sociales en España, y se confirma la necesidad de una mayor alineación entre las actuales políticas y prácticas con la Convención. Conclusiones. Avanzar en el modelo de derechos requiere la transformación de los servicios sociales mediante una revisión de los procedimientos de valoración y diagnóstico, explorar modelos centrados en la persona que garanticen su control sobre los servicios y los apoyos, asegurar apoyos flexibles y personalizados, así como procedimientos que garanticen la participación en los servicios y organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias. También es imprescindible la formación en derechos de todos los agentes (profesionales, personas con discapacidad y sus familias). |
