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El Tribunal Constitucional ha fijado como doctrina en su sentencia de Pleno núm. 31/2019 de 28 de febrero que la falta de aplicación de una norma europea —o de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la interpreta— puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello por cuanto puede suponer una selección irrazonable o arbitraria de la norma aplicable que, al desvincularse del sistema de fuentes, infringe el derecho fundamental en su vertiente del derecho a una sentencia motivada y fundada en Derecho. Esta doctrina ha permitido vincular la efectividad de la tutela judicial de los consumidores y usuarios reconocida por el Derecho de la Unión con el art. 24 CE. Esta sentencia del TC ha sido seguida, entre otras, por las SSTC núm.; 8/2021 de 25 enero; 12/2021 de 25 enero; 92/2021 de 10 mayo; 101/2021 de 10 mayo; 102/2021 de 10 mayo; 48/2020 de 15 junio; 75/2017 de 19 junio; 150/2021 de 13 septiembre; 154/2021 de 13 de septiembre; 6/2022 de 24 enero 9/2022 y de 7 de febrero. En todas ellas subyace una actuación similar del juez a la que se le atribuye la vulneración del derecho fundamental. El ejecutado solicitaba, después de precluida la oposición a la ejecución, que el juez controlara la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo conforme a la doctrina del TJUE fijada en el asunto Banco Primus (C-421/14). El órgano jurisdiccional rechazaba el control ya que (i) había precluído la posibilidad de oponerse a la ejecución por ese motivo (arts. 136, 556.1 y 695 LEC) y, por cuanto, (ii) el despacho de la ejecución suponía de forma implícita un examen de la adecuación y validez del título (art. 552 LEC). Después del correspondiente incidente de nulidad de actuaciones, el ejecutado interponía un recurso de amparo. En este se alegaba que el desconocimiento o la falta de aplicación de la jurisprudencia del TJUE que imponía al juez controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas constituía una actuación que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. En este contexto, el trabajo pretende analizar en el marco de los procesos civiles (i) la incidencia que el Derecho europeo de consumo tiene en la configuración de los poderes del juez; (ii) la integración del Derecho de la Unión en el ordenamiento español y su posición en el sistema de fuentes; y (iii) la relación que existe entre la correcta aplicación e interpretación del Derecho europeo y el derecho a la tutela judicial efectiva. |
