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El año 2020 se marca por el avance de la COVID-19 y por demonstrar la vulnerabi- lidad mundial a la diseminación global de enfermedades infecciosas. En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) discutía la situación de Emer- gencia de Salud Pública en razón de la emergencia de un nuevo coronavirus en China. El 11 de marzo de 2020, esa organización clasificó a la COVID-19, enferme- dad causada por el coronavirus, SARS-CoV-2, como una pandemia (Santos, 2020). En Brasil el primer caso fue registrado el 26 de febrero de 2020, y a final de año se registraban casi 195 mil muertos y más de 7.5 millones de personas infectadas (Ministerio da Saúde do Brasil, 2020).En ese contexto se declaró el estado de Emergencia en Salud Pública de im- portancia nacional (Ministerio de la Salud, 2020a) y la situación de emergencia de salud pública de importancia internacional (Ley Federal No 13.979, 6 de febrero 2020). El acontecimiento de una pandemia presupone una situación de interés público y de responsabilidad generalizada que desafía a la Administración Públi- ca y la gestión de diversos sectores (Santos, 2020). Entre los sectores impactados se encuentra la gestión de los recursos hídricos, pues la disponibilidad de agua es un elemento central en la prevención y diseminación de esta enfermedad. Sin agua no es posible el lavado de manos, la limpieza de las mercancías, zapatos y máscaras o garantizar la salubridad de los ambientes, que son medidas funda- mentales para contener el virus. Agua, saneamiento e higiene son fundamentales para mitigar los efectos de la pandemia (Dutra & Smiderle, 2020).Teniendo en cuenta la importancia del agua en la lucha contra la pandemia, este artículo pretende analizar cómo la COVID-19 ha impactado en la gestión de los recursos hídricos y qué acciones jurídicas nacionales se tomaron para mitigar esos efectos. El foco de este trabajo son las iniciativas organizadas prioritariamentepor el Gobierno Federal para sus recursos hídricos o que tengan incidencia nacional. Eso se justifica por tres motivos: (a) la mayor capacidad de articulación del gobierno federal para organizar una respuesta rápida de enfrentamiento; (b) la disparidad de acciones de enfrentamiento en un contexto de 26 estados federativos y el Distrito Federal; y (c) el papel de coordinación y de estímulo del gobierno federal en influenciar las políticas hídricas provinciales4. Se utilizó como metodología el análisis documental de la bibliografía, legislación y documentos producidos por el Poder Público. |
